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19-11-2011 |
Alemania
El terrorismo neonazi ha matado a 147 personas desde 1990
Rafael Poch
El caso del grupo nazi de Turingia, cuyos atentados no se detectaron durante trece años, despierta un clamor contra una policía endémicamente, "ciega del ojo derecho"
En los últimos veinte años los neonazis han matado a 147 personas en Alemania. Familias emigrantes abrasadas en el incendio de su residencia, africanos, asiáticos y turcos tiroteados a quemarropa o bárbaramente golpeados hasta la muerte en estaciones de metro, calles y pasos subterráneos. Vagabundos, adolescentes, mujeres, ancianos, izquierdistas, policías... la violencia de extrema derecha es, con gran diferencia, el principal factor de terrorismo en el país.
Los nazis han matado mucho más que el radicalismo islámico, que en Alemania no ha producido ningún gran atentado. Mucho más que la célebre "Fracción del Ejército Rojo" de Andreas Baader y Ulrike Meinhof, que produjo 34 muertos entre su fundación en 1970 y su disolución en 1998, sin contar los 27 activistas que la banda dejó por el camino en tiroteos con la policía y huelgas de hambre. Esas violencias, que han inspirado toneladas de obras y titulares de periódico, se quedan muy cortas al lado de la violencia neonazi. Sin embargo no se reconoce.
Camada negra
El país vive estos días como una sorpresa el caso del grupo Nationalsozialistischer Untergrund ("Clandestinidad nacionalsocialista") un trío de Turingia, dos hombres y una mujer, que durante trece años cometió, presuntamente, por lo menos diez asesinatos en serie, catorce atracos bancarios y tres atentados con bomba con decenas de heridos, en contacto -y quizás protegido- por el Verfassungsschutz (BfV), la policía política alemana endémicamente "ciega de su ojo derecho", como se dice estos días, es decir: concentrada en todo tipo de "enemigos internos", reales o imaginarios, muchos de ellos de izquierdas, e indulgente y protectora hacia la escena neonazi.
Los infiltrados o confidentes de la policía en ese medio, los llamados V-Leute , vienen practicando desde tiempo inmemorial, un ambiguo doble juego en el que a menudo se borra la diferencia entre el agente secreto o confidente policial y el activista nazi. Antiguos activistas nazis que se acogieron a programas de reinserción, se refieren a las "simpatías" y complicidades que los ultras encuentran en la policía. También apuntan que ser "colaborador" no excluye ser, al mismo tiempo, un activista nazi convencido, mediante una especie de reparto de tareas frecuentemente muy lucrativa para el informante.
Los intentos de ilegalizar al NPD, el principal partido neonazi, han sido descalificados por los tribunales con el kafkiano argumento de que una ilegalización sacaría a la luz la identidad de los confidentes y pondría en peligro su identidad.
El gobierno juega a la baja las cifras
El gobierno alemán ni siquiera reconoce la lista de las 147 victimas mortales de los neonazis generada desde 1990, publicada por la prensa, con nombres, apellidos y circunstancias, y la reduce a 47 nombres. El ministro del interior Hans-Peter Friedrich negaba hace dos meses, con motivo de la matanza del ultra Anders Breivik en Noruega, "cualquier indicio de actividades terroristas nazis en Alemania". La canciller Angela Merkel se refirió el lunes al mencionado grupo de Turingia, impune e indetectado por la policía durante trece años, como una "vergüenza para Alemania", pero, ¿como explicar esa endémica "ceguera del ojo derecho" que está en boca de todos?
Algo tiene que ver con la historia del país, con la notable continuidad de sus aparatos de Estado, policía y judicatura, en los años cuarenta y cincuenta, uno de los grandes tabúes de la Alemania de hoy.
La restauración de posguerra
En 1949, el 56% de los altos funcionarios de la policía de Renania del Norte-Westfalia, procedían del partido nazi (NSDAP) y de las SS. En los años cincuenta en Baviera el 81% de los jueces tenían un pasado nazi, mientras que en Württemberg-Baden, el 50%. El juez ex nazi, Eduard Dreher, fue el encargado de la reforma del código penal en el Ministerio de Justicia a partir de 1954 e impuso la prescripción para los crímenes de "complicidad con asesinato" que liberó de toda responsabilidad a los nazis, una especie de amnistía general. Esa ausencia de desnacificación, que la guerra fría y los aliados potenciaron en aras del combate contra el comunismo, contribuyó a una continuidad burocrática que aun hoy desprende un ambiguo tufillo.
Una escena muy frecuente en las manifestaciones neonazis autorizadas en Alemania, siempre contestadas con contramanifestaciones de protesta casi siempre más numerosas, es la de una policía que protege el derecho de los neonazis mientras reprime y criminaliza a sus adversarios, ambos considerados "extremistas" en una inquietante equidistancia. Esa ecuación fue ideología de Estado en la Alemania de Adenauer, donde los ex nazis se justificaban, y rehabilitaban, ante sí mismos y ante los aliados, invocando el común enemigo comunista, un "totalitarismo" que consideraban peor que el hitleriano. Esa ideología asoma en la Alemania de hoy con el discurso de "las dos dictaduras alemanas", la de Hitler y la de la Alemania comunista.
Muy pocos saben que el mayor atentado terrorista de la historia de Alemania de posguerra, el de la Oktoberfest de Munich de 1980, con 13 muertos y 211 heridos, fue obra de un neonazi que, según la investigación policial, actuó en solitario, sin cobertura, sin infraestructura y sin organización que le respaldase. Un misterio.
Un agente en los alrededores
Ese tufillo, en todas sus gamas oloríficas, está presente en el caso que ahora sorprende a la opinión pública alemana. Tino Brandt el hombre que reclutó a los tres terroristas del Nationalsozialistischer Untergrund (NU) de Turingia, no sólo fue vicepresidente regional del partido neonazi, NPD, sino también colaborador de la policía política (BfV). El presidente del BfV de Turingia hasta el año 2000 fue Helmuth Roewer, que financió con 200.000 euros del contribuyente a Brandt, y que cuando se retiró colaboró con una editorial ultraderechista.
En medios del activismo antifascista se sospecha que el auge de grupos violentos de ultraderecha en el Este de Alemania después de la reunificación de 1990 fue financiado, incentivado o reconducido por el BfV. Después de la reunificación, Alemania del Este fue desindustrializada casi por completo, con sus empresas desmanteladas, incluidas las que podían competir con sus homologas del Oeste, o asfixiadas por la unión monetaria, lo que disparó los índices de paro y ofreció un excelente caldo de cultivo a la depresión y el extremismo político.
El pasado febrero la policía de Sajonia protegió con gran celo "el derecho a la libre expresión" de los neonazis durante los actos conmemorativos del mortífero bombardeo anglo-americano de la ciudad de Dresde. La policía se cebó en los 20.000 activistas antifascistas que participaron en la contramanifestación de protesta, controlando los datos de centenares de miles de usuarios de teléfono móvil. El diputado izquierdista Andre Hahn ha visto su inmunidad parlamentaria levantada, al ser considerado "cabecilla" de la ilegal protesta antifascista. En su informe de 2003, el BfV caracterizó benignamente al partido neonazi, NPD, que tiene ocho diputados en Sajonia, como una fuerza política, "carente de distancia con respecto al Estado" ( fehlende Staatsferne ).
Mientras tanto, quién no mantuvo la distancia con los neonazis fue un agente del mismo BfV en el caso que ahora causa sorpresa y escándalo: el agente estuvo cerca de los escenarios de seis de los nueve asesinatos de quiosqueros turcos atribuidos al Nationalsozialistischer Untergrund (NU) en los últimos años. En uno de esos asesinatos, el de Halit Yozgat, el propietario turco de un internet cafe de Kassel en 2006, el agente abandonó el lugar un minuto antes de que se produjera el crimen, lo que abona sospechas.
Una cuarta persona, llamada Holger, ha sido detenida como colaborador logístico (pasaportes y alquileres) del grupo NU, dos de cuyos tres miembros "se suicidaron" antes de ser capturados en una camioneta que "se incendió" con ellos dentro, borrando pruebas importantes. Se desconocen las circunstancias de ese incendio, así como de la voladura, el mismo día 4 de noviembre, de la última residencia de la banda en la localidad de Zwickau. Se especula sobre si el BfV ayudó a los tres miembros del grupo a huir al extranjero en 1998, cuando fueron detectados por primera y ultima vez hasta su suicidio, sobre quién les consiguió la pistola checa con silenciador con la que mataron a sus víctimas turcas en cinco ciudades alemanas, y, sobre todo, sobre cómo pudieron vivir 13 años en la ilegalidad sin que la policía se enterase ni relacionase su larga lista de crímenes, que incluye el asesinato de una joven agente de policía de 22 años de edad.
Los políticos reaccionan
Gesine Lötzsch, coopresidenta de Die Linke, dice que el país está, "ante el mayor escándalo de la justicia en la historia alemana desde la guerra". El diputado verde Hans-Christian Ströbele exige, "una comprobación minuciosa del trabajo y la actividad del BfV en el ámbito del racismo y del extremismo derechista". En el SPD se reprocha a la CDU de haber "infravalorado sistemáticamente" el extremismo de derechas. El jefe del grupo parlamentario socialdemócrata, Frank-Walter Steinmeier afirma que los infiltrados de la policía en la escena neonazi, "no contribuyen a la seguridad, sino a lo contrario". "Aunque no se puede generalizar, este desbarajuste tiene que ver con ausencia de voluntad política", dice el periodista Jürgen Roth, especialista en el ámbito policial y de los servicios secretos. En el congreso que ayer concluyó en Leipzig, la CDU se ha mostrado abierta a replantearse la ilegalización del NPD.
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